Según un comunicado del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Jimaní condenó a Roberto Méndez Pérez y a Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, mientras que a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán les impuso 15 años de cárcel.

Los jueces, que también condenaron a los cinco acusados a pagar una multa de 150 salarios mínimos, dictaron sentencia absolutoria para Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.

DETENIDOS EN 2022

En 2022, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) llevó a cabo el operativo Iguana, que permitió la desarticulación de esta red de tráfico de migrantes, la cual utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.

Se llevaron a cabo nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales en los que se arrestó a los acusados y se ocuparon siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La investigación penal del caso, que contó con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, había comenzado en diciembre de 2021 y en ella se obtuvieron pruebas contra los miembros de la red que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.

RECURRÍAN A LA AMENAZA Y CHANTAJE

Según el expediente acusatorio, los ahora condenados recurrían a la amenaza y al chantaje y privaban de libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido.

El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.

 

Fuente: EFE