Al menos siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fueron arrestados este miércoles en el marco de la puesta en marcha de la Operación Búho llevada a cabo por del Ministerio Público.
Los arrestados son acusados de comer un fraude de unos RD$2,500 millones de pesos. Entre los apresados figura el abogado Jorge Eligio Méndez, expresidente de Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) y quien se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en 2017 para ser miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Asimismo, la presidenta del consejo de administración de Coop-Herrera, Kenia Del Carmen Liriano Pérez. Además, Gabriel Santana Borsilea, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
En las próximas horas los fiscales procederán a solicitar la imposición de medida de coerción en contra de los imputados, mientras continúan recibiendo víctimas, ya que hay miles de personas afectadas con la distracción de sus ahorros a través de un entramado criminal.
Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
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