Luego de haber participado activamente en las reuniones de la Cámara de Diputados y en las Vistas Públicas organizadas por la Comisión Permanente de Hacienda, donde se escucharon las opiniones de los principales sectores afectados por la propuesta de Reforma Fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, hemos llegado a varias conclusiones importantes.
En primer lugar, consideramos que es crucial aumentar la inversión en tecnología y en metodologías más eficientes para mejorar la recaudación fiscal y reducir la evasión de impuestos. Esto permitiría optimizar el sistema actual sin la necesidad de imponer nuevas cargas tributarias que afecten de manera desproporcionada a la ciudadanía.
En cuanto al Impuesto del 1% anual a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), sobre propiedades valoradas en 5 millones de pesos o más, proponemos que el umbral inicial se eleve a 10 millones de pesos. Este ajuste reflejaría de manera más justa las condiciones económicas actuales y evitaría gravar de forma injusta a quienes poseen viviendas de menor valor.
Por otro lado, las leyes existentes que brindan incentivos a sectores clave de la economía no deberían verse como simples concesiones, sino como Leyes de Competitividad. Estas normativas requieren una revisión y actualización para evitar su mal uso y asegurar que realmente fomenten el crecimiento sostenible de sectores fundamentales como el turismo, la industria, el cine, las zonas francas, las exportaciones, y el sector de bebidas alcohólicas y azucaradas, entre otros.
Además, creemos necesario implementar políticas que incentiven la formalización empresarial y laboral. Fomentar que pequeñas y medianas empresas (PYMES) y trabajadores independientes formalicen su estatus ante el Estado no solo contribuirá a aumentar la base impositiva, sino que también garantizará derechos y beneficios laborales para miles de dominicanos. La informalidad perpetúa la desigualdad, y ofrecer incentivos para la formalización es clave para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Por último, creemos firmemente que los impuestos que afectan la canasta básica, los alimentos, los productos agrícolas, los servicios educativos, y cualquier otro bien esencial para la vida digna del pueblo dominicano, no deben existir. La vida cotidiana no debe verse encarecida por impuestos que afecten la nutrición y el bienestar general de la población.
En resumen, la clase política, de la cual formo parte, debe actuar como un líder responsable, demostrando eficiencia en el gasto público y en la recaudación de los impuestos existentes. Asimismo, se deben tomar medidas para asegurar una correcta gestión en las empresas distribuidoras de energía, lo cual también impacta directamente en el bienestar de la ciudadanía.
Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar que cualquier reforma fiscal sea justa, equitativa y que no comprometa la calidad de vida de los dominicanos.
